En el debate en torno al fraude de ley por abuso de temporalidad en el sector público español, hay una pregunta recurrente que miles de Secretarios, Interventores y Tesoreros interinos y no fijos nos hacemos a diario: ¿Por qué organizaciones que dicen defender a los trabajadores (CC.OO, UGT, CSIF,…) o a la escala profesional (COSITAL) se oponen con tanta vehemencia a la fijeza como sanción efectiva al abuso?
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —en aplicación directa de la Directiva 1999/70/CE— no deja lugar a dudas: cuando un Estado abusa sistemáticamente de la temporalidad para cubrir necesidades estructurales y permanentes, la única sanción proporcionada y disuasoria en ausencia de indemnizaciones compensatorias reales es la transformación de la relación en fija.
Sin embargo, en mesas de negociación, notas de prensa y recursos judiciales, encontramos con frecuencia una resistencia frontal a esta solución por parte de estas organizaciones. Para entender su postura, es necesario desgranar los argumentos jurídicos que esgrimen formalmente frente a las dinámicas estructurales e intereses corporativos que operan de fondo.
La postura formal: El escudo del artículo 23.2 y 103 de la Constitución
El discurso oficial de los sindicatos mayoritarios y corporaciones colegiales se articula siempre en torno a la salvaguarda de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Argumentan que permitir la fijeza del personal temporal víctima de abuso equivaldría a consagrar una vía de acceso privilegiada frente a los aspirantes libres y opositores de turno ordinario.
Además, para estas organizaciones, la condición de fijeza solo puede emanar de la superación de una oposición memorística clásica, ignorando que el personal interino en abuso ya superó pruebas y procesos selectivos legales para su nombramiento y ha acreditado su mérito y capacidad a lo largo de décadas de ejercicio ininterrumpido.
Por último, su propuesta de consenso siempre han sido las convocatorias extraordinarias (como las derivadas de la Ley 20/2021). No obstante, el TJUE ha reiterado que un proceso selectivo abierto a terceros no es una sanción al abuso, sino un riesgo añadido de cese para la víctima sin indemnización disuasoria.
La resistencia corporativa a la fijeza frente a la primacía del Derecho Europeo
Resulta especialmente alarmante constatar la existencia de asociaciones profesionales y colegios de habilitados nacionales que, enrocados en un corporativismo decimonónico, se niegan a asumir una premisa jurídica elemental en nuestro ordenamiento constitucional: el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y el carácter vinculante de las sentencias del TJUE.
Resulta un contrasentido mayúsculo que quienes tienen atribuida la función de garantizar la fe pública y velar por la estricta legalidad en los ayuntamientos pretendan situar el marco estatutario doméstico o las circulares internas por encima de la Directiva 1999/70/CE y de la jurisprudencia de Luxemburgo.
Esta resistencia contumaz a aceptar que los pronunciamientos del TJUE son de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos —incluida la Administración de Justicia y las corporaciones de derecho público— no solo socava la seguridad jurídica, sino que evidencia un intento desesperado de blindar privilegios gremiales a costa de negar los derechos fundamentales de los compañeros interinos que día a día sostienen la Administración Local.
¿Qué les mueve realmente? Los intereses estructurales tras la oposición a la fijeza
Más allá del parapeto constitucional, existen razones materiales, económicas y de equilibrios de poder que explican por qué no defienden ni defenderán la fijeza automática:
La preservación de su base electoral y afiliativa
El núcleo duro de afiliación y representación de los sindicatos generalistas (UGT, CC.OO., CSIF) está compuesto históricamente por funcionarios de carrera. Respaldar abiertamente la fijeza del personal interino genera fricciones inmediatas con las bases funcionariales consolidadas, que perciben la regularización como una pérdida de estatus o un agravio comparativo respecto a las convocatorias ordinarias que ellos superaron.
El modelo corporativo y de control de COSITAL
En el caso específico de nuestra subescala (Habilitados Nacionales), el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) opera bajo una lógica de cuerpo cerrado. La figura del habilitado de carrera se concibe como una élite garantista; reconocer la fijeza de cientos de interinos que hoy sostienen los ayuntamientos de toda España rompería el monopolio fáctico sobre la escala y debilitaría la influencia corporativa del estamento tradicional.
El negocio y la industria de la oposición
Los procesos selectivos masivos y periódicos constituyen un ecosistema económico y formativo de primer orden: academias, cursos baremables, homologaciones sindicales, venta de temarios y cobro de tasas. La fijeza directa y la estabilización real de las plantillas desactivan la rueda continua de convocatorias en las que estas organizaciones tienen una presencia protagonista.
La presencia en las mesas de negociación
Aceptar que la fijeza viene impuesta por primacía del Derecho Comunitario debilita el papel de los agentes sociales como «negociadores de las soluciones». Sindicatos y Administración han preferido pactar sucesivos acuerdos de empleo (2017, 2018 y la Ley 20/2021) que les otorgan cuotas de representatividad y comisiones de seguimiento, antes que acatar una sentencia europea que resuelve el conflicto de raíz.
La huelga general del 11N: La paradoja de una “defensa laboral” que olvida a los suyos en la Administración
La convocatoria y movilización ante la huelga general del 11N pone de relieve, con especial crudeza, la profunda contradicción en la que incurre el sindicalismo mayoritario en nuestro país. Mientras estas organizaciones llaman a paralizar los centros de trabajo para exigir el fin de la precariedad laboral y demandar justicia social en ámbitos como el del empleo y la vivienda, mantienen deliberadamente en el limbo y la desprotección a cientos de miles de trabajadores públicos temporales en fraude de ley.
¿En qué posición queda la defensa de los derechos laborales y sociales de los interinos ante este escenario?
Es la hipocresía de la doble vara de medir. Resulta difícilmente digerible que sindicatos como CC.OO, UGT y CSIF enarbolen banderas contra la precariedad laboral patronal mientras, puertas adentro de la Administración Pública, han sido conniventes con el mayor empleador abusador del país: el propio Estado.
En la empresa privada exigen la conversión inmediata a fijos e indemnizaciones disuasorias ante contratos fraudulentos, mientras que en el sector público, sin embargo, pactan convocatorias que exponen a la víctima al cese y rechazan la fijeza que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este sentido, olvidan que cuando una huelga general apela genéricamente a la “mejora de los servicios públicos”, oculta que el colapso de dichos servicios se debe, en gran medida, al maltrato institucional hacia quienes garantizan la legalidad y la gestión diaria en cientos de ayuntamientos.
Si el 11N debe servir para algo, es para evidenciar esta fractura: no se puede predicar la defensa del trabajo y derechos sociales dignos mientras se legitima el despido encubierto y a coste cero de miles de trabajadores públicos.

Defender la legalidad europea no es atacar el mérito
Desde ANSITI recordamos que cualquier movilización que pretenda ser auténticamente transformadora debe empezar por exigir al Gobierno el cumplimiento estricto de la Directiva 1999/70/CE y el reconocimiento de la fijeza para todas las víctimas del abuso de temporalidad y respondemos con claridad:
No somos el problema; somos la solución. La inmensa mayoría de los municipios de la España rural y de mediano tamaño solo tienen interventor o secretario gracias a los funcionarios interinos que han asumido la fe pública y el control interno durante años en absoluta precariedad.
La Constitución no ampara el fraude del Estado. El principio de mérito y capacidad no puede convertirse en un cheque en blanco para que las Administraciones Públicas vulneren impunemente el Derecho de la Unión Europea y mantengan a profesionales cualificados en una temporalidad ilícita durante décadas.
La sanción debe recaer sobre el infractor, no sobre la víctima. Oponerse a la fijeza bajo el pretexto de los derechos de terceros equivale a normalizar el despido encubierto y gratuito de quienes han sostenido el funcionamiento de la Administración Local.
Exigimos a los sindicatos mayoritarios y a COSITAL una reflexión urgente: no se puede abanderar la defensa de los servicios públicos mientras se legitima el maltrato y la desprotección de quienes los hacen posibles cada día.
