Ante las recientes resoluciones emanadas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo —en consonancia con lo recogido en los medios de comunicación tras el desenlace del denominado ‘caso Obadal’—, en las que el Alto Tribunal reitera su rechazo a la fijeza automática de los empleados públicos en fraude de ley y opta por una vía indemnizatoria (sepultando la figura del indefinido no fijo), desde ANSITI manifestamos lo siguiente:
1. Una decepción jurídica que cronifica la precariedad.
Desde ANSITI recibimos con profunda preocupación la insistencia del Tribunal Supremo en blindar una interpretación restrictiva del acceso a la función pública local, dando la espalda al espíritu de la Directiva Europea 1999/70/CE y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Supremo insiste en que la fijeza automática es incompatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, olvida que ha sido la propia Administración la que ha vulnerado sistemáticamente dichos principios al mantener de forma estructural, durante años e incluso décadas, a Secretarios, Interventores y Tesoreros en una flagrante situación de interinidad abusiva.
2. La indemnización es un «cheque en blanco» para que la Administración siga abusando.
El reconocimiento de indemnizaciones no constituyen una sanción lo suficientemente disuasoria ni eficaz para erradicar el abuso de la temporalidad. Consideramos inadmisible que la solución al fraude de ley perpetrado por las instituciones públicas sea la monetización de sus propios incumplimientos utilizando el dinero del contribuyente. Pagar para despedir o mantener la precariedad de un habilitado nacional interino no repara el perjuicio profesional y vital del trabajador, sino que permite a las administraciones “comprar” la legalidad a un precio fijo.
3. El caso específico de los habilitados nacionales: una función vertebral en riesgo.
El colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros del Estado ejerce funciones troncales de fe pública, control, fiscalización y asesoramiento legal legalmente necesarias en los Ayuntamientos y Diputaciones. La falta de estabilidad de estos profesionales, derivada de una interinidad prolongada que el Supremo ahora se niega a estabilizar de forma directa, debilita las garantías de independencia y objetividad indispensables para el funcionamiento democrático de las entidades locales. Reemplazar la fijeza por una indemnización económica deja desprotegidas a cientos de corporaciones locales que dependen de la experiencia y continuidad de sus técnicos en secretaría e intervención.
4. Exigimos la fijeza como la única sanción real y justa.
ANSITI mantiene firmemente su postulado fundamental: a igual trabajo y ante un abuso acreditado, la única sanción efectiva contemplada por el derecho comunitario que verdaderamente restablece el derecho del trabajador es la fijeza. Si el ordenamiento nacional carece de medidas sancionadoras equivalentes y eficaces —y ya ha quedado demostrado que una compensación de 10.000 euros no lo es—, los tribunales españoles están obligados a aplicar el principio de primacía del derecho de la Unión e inaplicar aquellas normas internas que impiden la conversión de los contratos abusivos en relaciones estables.
5. Continuidad en la lucha jurídica y sindical.
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo no cierra la puerta a nuestras reivindicaciones; al contrario, redobla los motivos para seguir batallando. Desde ANSITI continuaremos elevando la voz ante las instancias europeas y promoviendo todas las acciones judiciales necesarias para que se reconozca la fijeza del personal interino que sostiene la arquitectura local de este país. No aceptamos que la justicia se limite a tasar económicamente el abuso de nuestros derechos.
Hacemos un llamamiento a los responsables políticos y parlamentarios para que acometan de una vez por todas una reforma legislativa valiente que resuelva esta crisis de la función pública, no mediante el despido indemnizado de profesionales indispensables, sino mediante la consolidación definitiva de los empleados públicos que llevan años demostrando su mérito y capacidad en el día a día de nuestros municipios.