La organización sindical celebró el pasado 24 de abril su III Foro sobre Interinidad y Abuso de Temporalidad donde contó con la presencia de los juristas especializados Gerardo Pérez Sánchez y Javier Ramón Sierra.
En el marco del III Foro sobre Interinidad y Abuso de Temporalidad celebrado el pasado 24 de abril, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) ha lanzado un contundente mensaje a las instituciones españolas: la temporalidad en la administración local no es una anomalía puntual, sino un sistema fallido que requiere una solución legislativa inmediata.
Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, abrió el foro destacando que entre el 33% y el 40% de los puestos obligatorios de habilitación nacional en España están cubiertos por personal interino. En provincias como Guadalajara, Cuenca o Soria, esta cifra se dispara hasta el 70%. “Estamos hablando de cerca de 3.000 profesionales que sostienen diariamente el funcionamiento de los ayuntamientos, muchos con más de 20 o 30 años de servicio”, señaló Campillo.
Desde la asociación se denunció que la Ley 20/2021 no ha cumplido su objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8%. Según los datos expuestos, tras cinco años de vigencia, las tasas de interinidad se mantienen en niveles críticos. Además, se señalaron irregularidades en la oferta de plazas, citando ejemplos donde la realidad del abuso supera con creces las plazas convocadas para estabilización.
El foro puso especial énfasis en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), específicamente el caso Obadal. En este sentido, el presidente de ANSITI centró su discurso en la naturaleza estructural del problema, especialmente en las zonas rurales. Denunció que el sistema actual utiliza al personal interino para cubrir carencias permanentes sin ofrecerles las garantías legales que exige Europa. En este sentido apuntó que “la fijeza ya no es una reivindicación, es una exigencia derivada del derecho de la Unión Europea. Es el legislador el que debe de resolver esta situación con la aprobación de una ley de punto y final”.
Valentía política
Por su parte, el abogado experto en derecho administrativo, Javier Ramón Sierra, analizó el impacto de la jurisprudencia del TJUE, mostrando su frustración por la resistencia de las instituciones españolas a aplicar la primacía del derecho comunitario y subrayó el coste humano de la precariedad. “Planteo el enorme fracaso que desde el punto de vista del estado de derecho ha supuesto la pasividad del legislador, la pasividad del ejecutivo y la resistencia del poder judicial”.
Ramón Sierra insistió en que “esta sentencia (caso Obadal) viene a subrayar cosas que ya había manifestado con anterioridad: que el indefinido no fijo no es una solución y que los procesos selectivos, si son abiertos y de resultado incierto, no sirven” y puntualizó que “de lo que se trata es de tener la valentía política y el compromiso jurídico para cumplir el derecho y, por lo tanto, legislar en ese sentido”.
Finalmente, el profesor y doctor en Derecho Constitucional, Gerardo Pérez Sánchez se refirió a la contundencia de las últimas sentencias europeas y a la imposibilidad de seguir ignorando el mandato del TJUE. Destacó que el escenario legal ha cambiado de forma definitiva tras el mes de febrero de 2024 y la posterior sentencia de junio. “No se pueden poner puertas al mar. Esto es absolutamente evidente. Esta sentencia creo que ya tiene esa contundencia que en otras ocasiones le hemos pedido al TJUE”.
Como cierre del evento, se hizo un llamamiento a la movilización general el próximo 29 de abril ante el Congreso de los Diputados, donde el colectivo defenderá la estabilidad laboral y el cumplimiento estricto del derecho europeo.