La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) celebrará este viernes, 24 de abril, el III Foro sobre Interinidad y Abuso de Temporalidad con los juristas especializados Gerardo Pérez Sánchez y Javier Ramón Sierra.
La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) celebrará este viernes, 24 de abril a partir de las 11:30 horas, su III Asamblea Nacional en el Hotel NH Colón de Madrid. El encuentro, que se produce en un momento crítico para la función pública en España, servirá de marco para el III Foro sobre Interinidad y Abuso de Temporalidad, una cita técnica y reivindicativa donde se desgranará el impacto de la reciente jurisprudencia europea en la estabilidad de miles de empleados públicos.
Bajo la proclama “Por nuestros Ayuntamientos y por el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE ¡Fijeza ya!”, la asociación busca articular una respuesta profesional y jurídica frente a la precariedad estructural que afecta a los habilitados nacionales interinos. El acto central del foro contará con la participación de dos juristas de reconocido prestigio, quienes analizarán la hoja de ruta legal tras el fin del modelo de temporalidad español tal y como se conocía hasta ahora.
Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, ha subrayado la relevancia de este evento en un momento en el que la justicia europea parece haberle ganado el pulso a la inacción legislativa en España. “Esta asamblea no es una reunión más; es un gabinete de crisis y estrategia”, ha declarado Campillo. “La sentencia del caso Obadal ha puesto negro sobre blanco lo que venimos denunciando años: que España está en rebeldía frente a la normativa comunitaria. El viernes trazaremos la hoja de ruta definitiva para que nuestros compañeros dejen de ser trabajadores ‘usar y tirar’ en los ayuntamientos”.
El presidente de la asociación destaca además el valor de los profesionales que se reúnen: “Somos la columna vertebral de la administración local. Sin secretarios ni interventores, los ayuntamientos se paralizan. Exigimos una estabilidad que la ley ya nos reconoce, pero que la administración nos niega sistemáticamente”.
Excelencia en el Derecho Constitucional y Administrativo
El foro, que podrá seguirse en streaming a través del canal de YouTube de la asociación, contará con un panel de expertos diseñado para abordar el conflicto desde una perspectiva integral:
- Gerardo Pérez Sánchez: Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (Tenerife). Pérez Sánchez es un reputado especialista en la arquitectura de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Su perfil combina la docencia académica con la experiencia práctica como letrado y ex-juez sustituto, aportando una visión profunda sobre cómo el abuso de la temporalidad vulnera principios constitucionales básicos en el acceso a la función pública.
- Javier Ramón Sierra: Jurista especializado en Derecho Administrativo y ex-Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Con una dilatada trayectoria en la judicatura y la consultoría estratégica para administraciones públicas, Ramón Sierra es una de las voces más autorizadas para interpretar el encaje de las sentencias del TJUE en el ordenamiento jurídico español. Su experiencia en tribunales resulta clave para entender las posibles vías de ejecución de sentencias de fijeza.
Análisis del Caso Obadal
El foco principal de la jornada será el análisis exhaustivo del Caso Obadal (Asunto C-418/24). Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada hace apenas unos días (el pasado 14 de abril de 2026), ha supuesto una enmienda a la totalidad a las soluciones planteadas por el Gobierno español contra la temporalidad.
El caso Obadal establece que las medidas actuales en España —como la figura del «Indefinido No Fijo», las indemnizaciones tasadas o los procesos de estabilización abiertos a terceros— no son sanciones adecuadas ni disuasorias contra el abuso de temporalidad. Según el TJUE, estas fórmulas no reparan adecuadamente al trabajador afectado ni castigan a la administración incumplidora. La sentencia abre la puerta, de forma más clara que nunca, a la fijeza como sanción principal, argumentando que si no existe una medida equivalente en el derecho nacional que sea efectiva, la conversión de la relación temporal en permanente es la única vía para cumplir con la Directiva 1999/70/CE.
“El tiempo de las excusas se ha acabado. Tras el caso Obadal, la fijeza ya no es una opción política, es una obligación jurídica”, concluye Campillo.