Quienes prestamos servicio en la Administración Local como secretarios, interventores y tesoreros interinos conocemos bien la realidad del abuso de temporalidad: fiscalizamos las cuentas públicas, garantizamos la legalidad de las decisiones municipales y sostenemos el funcionamiento diario de cientos de ayuntamientos en toda España, a menudo en condiciones de profunda inestabilidad y bajo la amenaza de ceses arbitrarios o procesos selectivos tramposos.

Sin embargo, en el debate político nacional, el abuso de temporalidad en el empleo público no se aborda desde la justicia laboral ni desde el estricto cumplimiento de la Directiva Europea 1999/70/CE y las rotundas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cada fuerza política ha construido una narrativa calculada para venderla a su electorado, ocultando la inacción institucional tras discursos ideológicos o parches normativos insuficientes.

A continuación, analizamos cómo presenta cada bloque político este asunto ante sus votantes y la sociedad.

El bloque gubernamental y la «falsa estabilización» (PSOE)

El relato para sus electores:

El Partido Socialista vende ante la opinión pública que el problema del abuso de la temporalidad quedó encauzado y resuelto mediante la Ley 20/2021 y que su compromiso es reducir la temporalidad pública por debajo del 8%. Presentan los procesos extraordinarios de concurso de méritos y concursos-oposición como la solución progresista y pactada que combina la reparación a los interinos con el respeto a los artículos 14 y 103 de la Constitución Española (igualdad, mérito y capacidad).

La trampa que desde ANSITI denunciamos:

Frente a sus electores, el Ejecutivo maquilla las cifras mediante ingeniería estadística —excluyendo intencionadamente a los miles de cesados a coste cero y a quienes encadenan contratos discontinuos—. Venden como una «oportunidad» lo que en la práctica es un proceso en el que empleados públicos con décadas de servicio compiten por su propio puesto de trabajo. El cese indemnizado a 20 días por año (con tope de 12 mensualidades) no es una sanción disuasoria para la Administración infractora, sino la expulsión barata del profesional abusado.

La derecha sobre el abuso de temporalidad: El mito del «Acceso Libre» (PP y VOX)

El Partido Popular (PP): Cautela técnica y defensa del modelo

  • Su relato: El PP apalanca su discurso en la defensa estricta del modelo constitucional de función pública y en la crítica a la gestión del Gobierno central. Ante sus electores, se presentan como garantes de la seguridad jurídica para las Administraciones autonómicas y locales, rechazando frontalmente la fijeza automática por considerar que pervierte el sistema de acceso a la función pública.
  • La realidad: Evitan asumir la responsabilidad que sus propios gobiernos autonómicos y locales han tenido en la generación de tasas desorbitadas de interinidad durante décadas. Rechazan cualquier vía de fijeza como sanción al abuso, dejando a los profesionales de la Administración local expuestos a la arbitrariedad.

VOX: La criminalización del interino bajo la «igualdad de concurrencia»

  • Su relato: Presenta la estabilización directa o la fijeza como una «amnistía administrativa» o un «privilegio indebido» que perjudica a los opositores de turno libre. Su mensaje busca movilizar al electorado joven o preparador de oposiciones, exigiendo concursos abiertos y sin ventajas por antigüedad.
  • La realidad: Elude intencionadamente situar el foco en el fraude cometido por la propia Administración contratante. Proponen indemnizar con dinero público a las víctimas de abuso de temporalidad pero echándolas a la calle, sin asumir que la fijeza no es un regalo, sino la única sanción efectiva frente al abuso reiterado exigida por el Derecho de la Unión Europea.

Las fuerzas a la izquierda y el relato de la «Fijeza a extinguir» (Sumar y Podemos)

  • El relato para sus electores: Tanto Sumar como Podemos canalizan las demandas de las plataformas de trabajadores temporales sobre el abuso de temporalidad presentando la figura del «fijo a extinguir» como la única vía justa y alineada con la jurisprudencia europea. Venden ante sus electores que abogan por el reconocimiento directo de la permanencia hasta la jubilación para el personal que haya sufrido abuso durante más de tres años.
  • La contradicción política: Aunque introducen enmiendas en la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública del Estado y apoyan discursivamente la fijeza, como parte o socios del bloque de investidura y del Ejecutivo no han logrado frenar la aplicación de ceses masivos ni han forzado la aprobación de una verdadera Ley de Punto Final que blinde legalmente a las víctimas de abuso. El discurso resulta formalmente favorable, pero insuficiente en la práctica ejecutiva.

El soberanismo e independentismo: Blindaje de plantillas y competencias (ERC, Junts, Compromís y PNV)

ERC, Junts y Compromís: El discurso de la defensa del territorio y los servicios

  • Su relato: Presentan el abuso de temporalidad como una muestra más de la inoperancia del Estado central. Venden a sus votantes la necesidad de blindar el capital humano de las administraciones catalanas y valencianas mediante la reconversión en personal fijo a extinguir o la paralización inmediata de las OEP ordinarias que amenazan con vaciar los ayuntamientos de personal experimentado.
  • Su acción: Han promovido enmiendas legislativas para equiparar la legislación española con la Directiva 1999/70/CE, aunque a menudo chocan con el bloque parlamentario mayoritario que bloquea la fijeza.

PNV: La primacía del marco competencial

  • Su relato: Articula su discurso en torno al respeto estricto del autogobierno y las competencias forales. Su mensaje no se centra tanto en la solución laboral del interino de forma universal, sino en garantizar que el Gobierno Vasco e instituciones forales dispongan de margen normativo para articular sus propios concursos de méritos.
  • La realidad: Prioriza la autonomía de gestión de las instituciones vascas sobre la aplicación de una fijeza automática impuesta por ley nacional.

El fraude de las indemnizaciones e incumplimiento de Europa: La responsabilidad exclusiva del EstadoEl Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha reiterado que las indemnizaciones previstas en el derecho nacional español sobre abuso de temporalidad no constituyen una sanción disuasoria ni reparadora.

Más allá del cálculo electoral de los partidos, el asunto ha entrado en una fase crítica a nivel judicial y europeo en la que el marco legal español ha saltado por los aires:

  1. Las indemnizaciones del modelo español no cumplen con los parámetros europeos

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha reiterado de forma sistemática (entre otras, en las sentencias de los asuntos C-331/22, C-332/22 y C-418/24, causa Obadal) que las indemnizaciones previstas en el derecho nacional español no constituyen una sanción disuasoria ni reparadora:

  • La compensación de 20 días por año servido con tope de 12 mensualidades prevista en la Ley 20/2021 resulta insuficiente y prefijada, no cubre el daño real acumulado tras décadas de abuso de temporalidad ni disuade a las administraciones de seguir cometiendo fraude.
  • Adicionalmente, esta compensación solo se activa al momento del cese por la cobertura de la plaza, dejando completamente desamparadas e inindemnizadas a las personas que sufren el abuso durante años pero que no cesan por esa causa específica o que se jubilan.
  1. Conflicto jurisprudencial y la Sentencia del TJUE sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado

Ante la reiterada negativa de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo a aplicar la fijeza o fijar sanciones disuasorias efectivas alegando el encaje constitucional, la justicia europea ha abierto un frente definitivo:

  • Responsabilidad del Estado legislador y judicial: En resoluciones clave relativas a la infracción del Derecho de la Unión en última instancia por parte de los altos tribunales nacionales (como la dictada por la Gran Sala del TJUE en septiembre de 2026, Asunto C-293/24), Europa recuerda un principio claro de Derecho Comunitario: cuando el órgano jurisdiccional supremo de un Estado miembro incurre en una violación manifiesta del Derecho de la UE o se niega a aplicar la doctrina europea, se activa la responsabilidad patrimonial directa y exclusiva del Estado español.
  • El Estado debe responder económicamente: Si el Tribunal Supremo español se niega a aplicar las medidas de fijeza o reparación integral previstas en la Directiva 1999/70/CE, el Estado español es el único responsable patrimonial de resarcir a los funcionarios interinos por todos los daños materiales, morales y la pérdida de oportunidades sufridos durante su trayectoria laboral.

Conclusión desde ANSITI: Por una sanción real y la dignidad en la Administración Local  

Mientras los partidos utilizan el abuso de temporalidad como un arma arrojadiza en la pugna electoral —oscilando entre el discurso de la «meritocracia abstracta» para contentar a un electorado y el de las «promesas de estabilización» para calmar a otro—, los funcionarios interinos con habilitación de carácter nacional seguimos sosteniendo la legalidad de los municipios sin la protección que el Derecho Comunitario nos otorga.

Ni las oposiciones destructivas que echan a la calle a profesionales tras 15 o 20 años de servicio, ni las indemnizaciones simbólicas a coste cero financiadas con el dinero de los contribuyentes son la respuesta que exige la jurisprudencia del TJUE. Desde ANSITI seguiremos exigiendo una ley clara de reparación y fijeza, que acabe de una vez por todas con el fraude institucional y garantice la independencia y dignidad de quienes custodiamos los ayuntamientos.

ANSITI
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